Juan David Gélvez, Eduard Fernando Martínez, Miguel Ángel Torres

Durante más de medio siglo, la política de drogas ha movilizado enormes recursos para reducir la producción, el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas. Sin embargo, los mercados ilegales han mostrado una gran capacidad de adaptación: cambio de rutas, aparición de nuevos actores y desplazamiento de la producción entre territorios. En los países productores, una parte importante de la política se ha concentrado en reducir los cultivos de suo ilícito. Sin embargo, las mayores rentas de esta cadena se generan en las últimas etapas del proceso, que incluyen el procesamiento, el transporte, la exportación, la distribución y el lavado de activos. Esto plantea una pregunta de política pública: cuánto debe intervenir el Estado y dónde puede hacerlo con mayores resultados y menores costos económicos y sociales.

Colombia es uno de los casos más claros de esta tensión. Durante décadas ha combinado aspersión aérea, erradicación manual, sustitución voluntaria, desarrollo alternativo e interdicción. Estas políticas han destruido grandes extensiones de cultivos de hoja de coca y afectado distintos componentes del narcotráfico, pero no han producido una reducción sostenida de la producción de la cocaína. Al mismo tiempo, estas acciones han tenido costos importantes: civiles, policías y militares han muerto o han resultado heridos en operaciones de erradicación, muchas intervenciones han deteriorado la confianza de las comunidades en el Estado, y se han documentado graves consecuencias sobre la salud y sobre el medio ambiente en los territorios intervenidos.

Este documento de política destaca tres problemas centrales: (i) la erradicación actúa sobre uno de los eslabones de menor valor y más fácilmente reemplazables de la cadena. (ii) las hectáreas erradicadas miden actividad estatal, pero no necesariamente los resultados de la política. (iii) la persistencia de los cultivos de uso ilícito responde a restricciones económicas y territoriales que la erradicación por sí sola no modifica.

Estas condiciones exigen que una política pública tenga distintos instrumentos y niveles de acción. La coerción debería concentrarse principalmente en los eslabones donde se acumulan mayores rentas y existen activos más difíciles de reemplazar, como laboratorios y corredores de transporte. En las zonas productoras, el objetivo debería ser reducir la dependencia de los hogares de las economías ilícitas mediante medidas de seguridad, infraestructura, acceso al crédito y otras alternativas que faciliten su vinculación con mercados legales.

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Miércoles 14 de octubre de 2026

3:30 p.m.

Universidad de los Andes, Auditorio ML-C

A diez años del Acuerdo de Paz, ¿qué ha pasado con las promesas de sustitución de cultivos y desarrollo rural?

Desde el CESED te invitamos a un conversatorio con líderes campesinos del Catatumbo y de Argelia, Cauca, y expertos para hablar sobre las promesas incumplidas, los avances y los fracasos del PNIS, en el marco de DiaPaiz.

Presencial y abierto al público, inscripción obligatoria aquí

En el Semillero CESED tuvimos un taller sobre los usos culinarios de la hoja de coca con Dora Troyano. En este video les contamos sobre la experiencia y Laura Arciniegas, investigadora afiliada, nos explica sobre la cultura gastronómica de la hoja de coca

Estuvimos con el Semillero CESED en La Cárcel La Picota aprendiendo sobre consumo SPA y DDHH en centros penitenciarios.

Sin Censura es un espacio del CESED para estudiantes que quieran ser parte de la conversación sobre seguridad y drogas en el que estaremos publicando los mejores trabajos. 

Conócelo AQUÍ

María Alejandra Vélez, Xavier Basurto, Juan Camilo Jiménez-Novoa, Roger Madrigal, Carolina Páez, Carlos A. Silva, Cesar Viteri.

El 80% del tráfico de drogas ilícitas ocurre por vía marítima, sin embargo, el impacto de las economías ilícitas y la política de drogas en los pescadores artesanales, sus medios de vida y en los ecosistemas marino-costeros en el Pacífico Este Tropical no han sido estudiados de manera sistemática. A partir de un análisis preliminar de prensa e información secundaria para Colombia, Ecuador, Costa Rica y México, se evidencia que los efectos incluyen la presencia de organizaciones criminales, aumentos en la violencia hacia las comunidades pesqueras, el reclutamiento y la participación de pescadores en la cadena de valor del narcotráfico, la erosión de la identidad del pescador, el tráfico de biodiversidad y la posible afectación de la gobernanza de las áreas marinas protegidas, entre otros. El enfoque actual de la política de drogas eleva los costos operativos, limita el desempeño de la actividad, y crea tensión y miedo en la población pesquera. En este documento se proponen tres ejes de investigación para desarrollar en la región: (1) estudiar el efecto de las economías ilícitas y el crimen organizado sobre las comunidades marino-costeras, (2) analizar la capacidad de resistencia y adaptabilidad frente a las economías ilícitas y el crimen organizado, y (3) evaluar el efecto de las políticas de seguridad sobre las comunidades pesqueras y los ecosistemas marino-costeros. El documento cierra con recomendaciones de política partiendo de la necesidad de combinar seguridad y justicia con políticas pesqueras, protección de los medios de vida, fortalecimiento de organizaciones locales y conservación marina. El objetivo de la política regional debería ser no solo reducir las actividades ilícitas, sino también aumentar la resiliencia de los sistemas socioambientales marinos del Océano Pacífico Tropical Oriental frente a ellas, evitando que las respuestas de seguridad generen nuevas vulnerabilidades y preservando la capacidad de las instituciones y comunidades para gestionar sosteniblemente los recursos marinos.

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Agosto 18 de 2026

3:30 a 5:00 p.m.

LL-001, Universidad de los Andes

Desde el CESED nos alegra compartir esta invitación al conversatorio de lanzamiento del Handbook of Latin American Politics, una publicación que reúne investigaciones y perspectivas sobre la política latinoamericana contemporánea.

Nos llena especialmente de orgullo que María Alejandra Vélez, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, integrante del CESED y una de las autoras del libro, participe en este encuentro junto a Laura Wills, Mauricio Velásquez, Andrés Casas y Laura Daniela Guerrero.

El conversatorio contará también con la participación de sus editores: Claudia Avellaneda, Nathalie Méndez Méndez y Ricardo A. Bello Gómez.

Agosto 5 de 2026

12:00 p.m.

Exposición El Barrio – Sala Colpatria, Centro Cívico, Universidad de los Andes

Cómo se viven las drogas en la ciudad?

El debate sobre política de drogas en Colombia suele mirar hacia los territorios de cultivo. Pero el consumo, los mercados de microtráfico y las respuestas institucionales ocurren, sobre todo, en contextos urbanos — y a escala de barrio.

Los invitamos a la conversación «Drogas en contextos urbanos», un diálogo interdisciplinario sobre consumo, políticas y retos en las ciudades, dentro de la exposición El Barrio en la Universidad de los Andes.

• Michael Weintraub, director del CESED y profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales
• Carolina Pinzón, directora del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y Educación del CESED
• Nicolás Beckmann, profesor asistente del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales

Carolina Pinzón, María Alejandra Vélez, Michael Weintraub.

Este documento presenta un conjunto de recomendaciones dirigidas al nuevo Gobierno de Colombia para orientar la política de drogas bajo un enfoque basado en derechos humanos, evidencia científica y respeto por la soberanía nacional. Elaborado por una alianza de organizaciones académicas y de la sociedad civil, el texto propone una agenda que prioriza la transformación territorial de las regiones con cultivos de uso ilícito, el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria, la protección de los derechos de las comunidades rurales y étnicas, y la evaluación de los impactos de las estrategias de reducción de la oferta sobre la violencia y el desarrollo local. Asimismo, plantea fortalecer un enfoque de salud pública para abordar el consumo de sustancias psicoactivas, garantizando tratamientos voluntarios, basados en evidencia y respetuosos de los derechos fundamentales. En materia de política criminal, recomienda ampliar las alternativas al encarcelamiento, mejorar las condiciones del sistema penitenciario y adoptar criterios de proporcionalidad. El documento también aboga por avanzar en la regulación del cannabis para uso adulto, proteger los usos tradicionales de la hoja de coca, fortalecer la institucionalidad encargada de la política de drogas y mantener una política exterior basada en la cooperación internacional, el multilateralismo y la corresponsabilidad. En conjunto, las recomendaciones buscan promover una política de drogas integral que sustituya los enfoques exclusivamente represivos por estrategias orientadas al desarrollo, la salud pública, la justicia y la protección de los derechos humanos.

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Michael Weintraub, Santiago Tobón

La política de Paz Total creó beneficios jurídicos cuya continuidad dependía del gobierno que asumiera después de la elección presidencial de 2026. Estudiamos si la votación cambió especialmente en los territorios asociados con las facciones de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), cuyos integrantes designados tenían vigentes suspensiones de órdenes de captura y protecciones frente a la extradición. Encontramos un giro adicional hacia Iván Cepeda de 4,6 puntos porcentuales en la primera vuelta y de 6,0 puntos en la segunda, frente a otros municipios de los mismos departamentos. No aparece un movimiento comparable en territorios asociados con otros grupos armados, al aplicar los mismos marcadores territoriales al periodo 2018–2022 ni en la elección legislativa de marzo de 2026. El diseño identifica un giro electoral asociado con la exposición de beneficios jurídicos, pero no permite determinar si obedeció a coerción, a las preferencias de las comunidades, a la evaluación de la negociación o a la movilización electoral. El resultado complementa un análisis previo de Weintraub (2026): la presencia armada, por sí sola, no predice un movimiento electoral común. El giro detectable se concentra donde estaban en juego beneficios jurídicos concretos.

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