Carolina Pinzón Gómez, Carlos Gantiva

Desarrollar y validar un instrumento para medir las estrategias utilizadas por personas que consumen cocaína esnifada para prevenir riesgos y mitigar daños, fortaleciendo la evidencia para el diseño de intervenciones y políticas públicas en Colombia y América Latina.

Carolina Pinzón Gómez, Carlos Gantiva

Evaluar cómo la regulación emocional modera los efectos de una intervención digital individual, basada en estrategias conductuales, orientada a reducir riesgos en personas que consumen cocaína esnifada en América Latina.

Carolina Pinzón Gómez, Christophe Schneider.

Analizar escenarios y modelos potenciales para la regulación del mercado de la cocaína en Colombia, considerando el contexto social, económico y de salud pública, con base en evidencia nacional e internacional.

Carolina Pinzón Gómez, Sergio Barbosa y Alejandra Latorre.

Validar en el contexto colombiano escalas internacionales para medir el estigma y el contacto hacia personas que usan sustancias psicoactivas, con el fin de aportar herramientas confiables para la investigación y el diseño de estrategias de sensibilización.

María Alejandra Vélez, Mauricio Velásquez, Diana Millán, Beatriz Ramos y Estefanía Ospina.

Las economías rurales en Colombia históricamente se han desarrollado y transformado bajo los órdenes sociales establecidos en el contexto del conflicto armado. Con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, las economías rurales del sur y suroriente colombiano han experimentado profundas reconfiguraciones en la gobernanza armada territorial y productiva. Esta investigación examina las transiciones entre coca, ganadería y minería de oro en dos municipios del arco de deforestación Amazónico—Puerto Guzmán (Putumayo) y Vista Hermosa (Meta)— donde la coca ha perdido centralidad económica tras procesos de desconcentración. A partir de una metodología mixta que combina análisis geoespacial, entrevistas, cartografía social y trabajo de campo, se analizan las formas emergentes de regulación armada, los reordenamientos en el uso del suelo y sus impactos ambientales. El argumento central es que estas transiciones no suponen una salida del conflicto ni una formalización económica, sino la aparición de nuevas formas de gobernanza criminal que regulan actividades económicas en zonas grises de legalidad. Estas formas se apoyan en la herencia de las infraestructuras del conflicto armado y en mecanismos de legitimación social, permitiendo a actores armados regular actividades en apariencia lícitas. Esta investigación busca mostrar cómo estas configuraciones híbridas profundizan la informalidad económica en el territorio y agravan la deforestación, revelando los límites del posacuerdo como escenario de transición hacia el orden estatal.

María Alejandra Vélez, Diana Millán, Sandra Aguilar y Lucas Marín.

El tráfico de cocaína es uno de los principales desafíos de seguridad y gobernanza en países productores, y aunque existen esfuerzos por documentarlo, la caracterización espacial de rutas y puntos estratégicos que orienten a tomadores de decisiones sigue siendo limitada. Para abordar esta brecha, desarrollamos un modelo para estimar rutas de tráfico de cocaína en Colombia y países fronterizos. El estudio incorpora una superficie de resistencia multimodal que combina topografía, vías, ríos y presencia institucional, ponderada según su influencia en la movilidad. Encontramos que las rutas fluviales representan el 78% de los corredores modelados e identificamos 9.009 km de rutas persistentes activas entre el 2017 y el 2022, concentradas en zonas costeras con acceso marítimo hacia el Pacífico y el Caribe. También observamos un desplazamiento de rutas emergentes hacia la Amazonía —especialmente en la triple frontera con Perú y Brasil— y hacia la frontera con Venezuela, lo que sugiere una reconfiguración del tráfico hacia corredores transnacionales menos vigilados. El estudio tiene una estructura modular que permite su reproducibilidad, actualización y escalabilidad a otros periodos y regiones.

María Alejandra Vélez, María Fernanda Blanco y Diana Millán.

El Acuerdo Final de Paz (AFP) entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, firmado en 2016, propuso una respuesta estructural que reconoce la dimensión económica, social y política del problema de los cultivos de coca en Colombia. Uno de los componentes del acuerdo fue la introducción de un tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores de hoja de coca, considerados los eslabones más débiles de la cadena de suministro de la cocaína. A pesar de múltiples discusiones, aún no se ha logrado definir concretamente cómo funcionará el tratamiento penal diferenciado ni quién clasificará como pequeño cultivador beneficiario de dicho tratamiento. Con esta investigación se busca definir y proponer criterios de distinción para los pequeños cultivadores de coca en Colombia.

María Alejandra Vélez, Samuel Quevedo y Beatriz Ramos.

En Colombia, si bien los clubes sociales cannábicos (CSCs)se cobijan bajo la jurisprudencia que regula el autocultivo y la asociatividad con fines no-comerciales, no existe una regulación clara que reconozca la existencia ni la operación de estas organizaciones. En este contexto, coexisten clubes con una gran variación en sus modelos de membresía, reglamentos, disposiciones sobre consumo en los espacios y dispensación. Una regulación de los clubes implicaría sacar del mercado gris a estas organizaciones en Colombia que no tienen vínculos con mafias o crimen organizado, pero que no han podido crecer y formalizarse por estar en esta zona gris de legalidad. Esto no se trataría de promocionar el consumo, sino de garantizar que los consumidores que ya existen accedan a un cannabis de alta calidad, con procedencia conocida y sin vínculos con el narcotráfico organizado. En esta investigación se busca resumir la literatura disponible sobre los clubes cannábicos en otras partes del mundo y desarrollar recomendaciones para una futura regulación en Colombia.

María Alejandra Vélez, Lucas Marín y María Fernanda Blanco.

La regulación del cannabis de uso adulto en Colombia requiere diseñar un marco tributario que no limite el desarrollo del mercado regulado y que garantice condiciones para competir con el ilegal. En US el uso del recaudo proveniente del mercado regulado del cannabis varía dependiendo del estado, al igual que del enfoque que estos le dieron a la regulación. En Colombia hay varias preguntas alrededor del tema: ¿qué tipo de impuesto debería establecerse? ¿cuál debe ser la destinación? En esta investigación se busca desarrollar una propuesta del marco tributario para Colombia. Para esto, se están usando los datos de la Encuesta sobre Consumo de Cannabis de Uso Adulto implementada en el 2024 por el CESED y la Mesa Distrital Cannábica de Bogotá.

María Alejandra Vélez y Carlos Andrés Trujillo.

¿Cuáles son las preferencias, actitudes y disponibilidad a pagar de los consumidores urbanos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla frente a los productos alimenticios a base de hoja de coca producidos en el departamento del Cauca? Para responder esta pregunta, se busca trabajar en asocio con las comunidades campesinas cultivadoras de coca y otros actores que producen productos alimenticios no psicoactivos con hoja de coca como tés, harina de hoja de coca, galletas, mambe, entre otros. Con ellos se busca determinar la demanda de los productos de los productos derivados a la hoja de coca en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.