Carolina Pinzón, María Alejandra Vélez, Michael Weintraub.

Este documento presenta un conjunto de recomendaciones dirigidas al nuevo Gobierno de Colombia para orientar la política de drogas bajo un enfoque basado en derechos humanos, evidencia científica y respeto por la soberanía nacional. Elaborado por una alianza de organizaciones académicas y de la sociedad civil, el texto propone una agenda que prioriza la transformación territorial de las regiones con cultivos de uso ilícito, el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria, la protección de los derechos de las comunidades rurales y étnicas, y la evaluación de los impactos de las estrategias de reducción de la oferta sobre la violencia y el desarrollo local. Asimismo, plantea fortalecer un enfoque de salud pública para abordar el consumo de sustancias psicoactivas, garantizando tratamientos voluntarios, basados en evidencia y respetuosos de los derechos fundamentales. En materia de política criminal, recomienda ampliar las alternativas al encarcelamiento, mejorar las condiciones del sistema penitenciario y adoptar criterios de proporcionalidad. El documento también aboga por avanzar en la regulación del cannabis para uso adulto, proteger los usos tradicionales de la hoja de coca, fortalecer la institucionalidad encargada de la política de drogas y mantener una política exterior basada en la cooperación internacional, el multilateralismo y la corresponsabilidad. En conjunto, las recomendaciones buscan promover una política de drogas integral que sustituya los enfoques exclusivamente represivos por estrategias orientadas al desarrollo, la salud pública, la justicia y la protección de los derechos humanos.

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María Alejandra Vélez, Diana Millan and Michael Weintraub.

Amid the recent debate over data from UNODC’s Integrated Illicit Crop Monitoring System (SIMCI) and the political tensions surrounding drug policy in Colombia, this document explains the main technical and policy elements behind estimates of coca cultivation and potential cocaine production. Drawing on a review of SIMCI’s methodology, it describes the processes by which cultivated hectares are estimated from satellite imagery, as well as the calculations used to approximate potential cocaine production based on productive area, leaf yields, and conversion factors across the different stages of processing.

The document notes that, while these methodologies allow for an approximation of an illegal market that is inherently difficult to measure, their results are subject to assumptions and margins of error that must be acknowledged in public debate. In this regard, it cautions that potential cocaine production should not be interpreted as an exact figure or as a direct measure of the cocaine actually produced or available on the market.

Finally, the document argues that, although the monitoring system has room for improvement, eliminating it without a credible alternative would undermine the capacity to understand the coca economy. Beyond refining existing measurements, it proposes broadening the set of indicators used to evaluate drug policy, incorporating metrics related to territorial development, violence, and the weakening of criminal organizations.

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María Alejandra Vélez, Diana Millan y Michael Weintraub.

En medio del debate reciente sobre los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC y de las tensiones políticas en torno a la política de drogas en Colombia, este documento explica los principales elementos técnicos y políticos detrás de las estimaciones de cultivos de coca y producción potencial de cocaína. A partir de una revisión de la metodología del SIMCI, se describen los procesos mediante los cuales se estiman las hectáreas cultivadas a partir de imágenes satelitales, así como los cálculos utilizados para aproximar la producción potencial de cocaína a partir del área productiva, los rendimientos de hoja y los factores de conversión en las distintas etapas de transformación.

El documento señala que, aunque estas metodologías permiten aproximarse a un mercado ilegal difícil de medir, sus resultados están sujetos a supuestos y márgenes de error que deben ser reconocidos en la discusión pública. En este sentido, advierte que la producción potencial de cocaína no debe interpretarse como una cifra exacta ni como una medida directa de la cocaína efectivamente producida o disponible en el mercado.

Finalmente, se argumenta que, si bien el sistema de monitoreo presenta oportunidades de mejora, eliminarlo sin una alternativa creíble debilitaría la capacidad de entender la economía cocalera. Más allá de perfeccionar las mediciones existentes, el documento propone ampliar los indicadores utilizados para evaluar la política de drogas, incorporando métricas relacionadas con el desarrollo territorial, la violencia y el debilitamiento de organizaciones criminales.

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Samuel Quevedo, Rosario Queirolo & María Alejandra Vélez.

Los Clubes Sociales Cannábicos (CSC) [Cannabis Social Clubs] son organizaciones privadas en general sin ánimo de lucro, que consisten en grupos de adultos que se congregan en un espacio físico para realizar labores de cultivo, pedagogía, activismo, y comunidad alrededor del cannabis uso adulto y recreativo. Estos hacen parte de un fenómeno global de la regulación formal y de facto del cannabis. En décadas recientes se han popularizado en múltiples países de Europa, Norteamérica y América Latina, donde operan a lo largo de un espectro de legalidad con algunas instancias donde se han regulado y legalizado por completo a nivel nacional y otros donde operan en espacios grises de regulación. En Colombia los CSC han ganado prominencia en años recientes en un contexto de vacío regulatorio. La literatura ha documentado una amplia variedad en las formas de los Clubes en dimensiones como el número de miembros, los arreglos asociativos y de trabajo, el cultivo y el abastecimiento, la asociatividad entre clubes, máximos de dispensación, criterios de elegibilidad y requisitos para las sedes físicas, espacios de consumo, entre otros. Este documento resume los principales hallazgos de la literatura reciente sobre las principales características de los distintos modelos de CSC en el mundo, y en particular en el caso de Uruguay, y formula unos elementos clave para la discusión en una eventual regulación de estas organizaciones en Colombia.

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Mauricio Velásquez.

En los territorios amazónicos afectados por el conflicto armado colombiano, como el municipio de Vistahermosa (Meta), la deforestación ha sido atribuida principalmente a redes criminales y actividades ilegales (Murillo-Sandoval et al., 2023; Prem et al., 2020; Clerici et al., 2020; Vanegas et al., 2022), y los campesinos han sido vistos exclusivamente como víctimas de un proceso sobre el que carecen de control.
Estas narrativas dominantes han justificado una política pública mediocre, centrada bien en la criminalización y militarización ambiental, o bien en programas de conservación sin considerar los costos de oportunidad de una vida digna frente a la rentabilidad de la ganadería extensiva y las economías ilegalizadas.
A estos errores de diseño se suma la abierta contradicción entre el Ministerio de Agricultura, que financia vía crédito de fomento la expansión ganadera, y el Ministerio de Ambiente, que intenta contenerla con programas de bajo alcance y sin continuidad.
Una mirada atenta a las decisiones de uso del suelo revela mecanismos complejos que involucran la interacción entre mercados informales de tierra, transiciones laborales inducidas por la sustitución de cultivos de coca, y regímenes de gobernanza territorial disputados entre comunidades, Estado y actores armados.
Este documento presenta tres hallazgos principales derivados de dos investigaciones que combinaron entrevistas, encuestas y análisis de precios de tierra en Vistahermosa entre 2017 y 2023. Sus conclusiones pueden informar intervenciones en otros municipios con dinámicas similares en la Amazonía campesina colombiana.
Primero, los mercados informales de tierra determinan los incentivos económicos para conservar o deforestar: el valor de una finca depende del porcentaje de pasto frente a bosque, y los pagos por servicios ambientales no reflejan ese costo de oportunidad. Segundo, la eliminación del enclave coca liberó tierra y trabajo, incentivando la ganadería extensiva. Tercero, la gobernanza del bosque no depende únicamente del Estado: comunidades, programas oficiales y grupos armados compiten por imponer reglas.
A partir de este diagnóstico, se proponen tres recomendaciones de política pública: (1) titulación condicionada a conservación; (2) reformulación ambiental de los programas de sustitución; y (3) pactos de gobernanza ambiental liderados por las comunidades.
Este comentario de política busca contribuir al debate sobre paz, tierra y medio ambiente en el posconflicto colombiano, proponiendo rutas concretas de intervención estatal eficaz, justa y sostenible.

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Alejandro Londoño, Lucas Marín y María Alejandra Vélez

Este documento resume los principales resultados de la evaluación institucional, de resultados y de impacto del PNIS frente al avance en el cumplimiento de cada componente del programa, junto con los efectos que ha tenido en variables de interés como las condiciones socioeconómicas de los hogares, los cultivos de coca y la deforestación. La evaluación institucional evidenció una articulación deficiente intrainstitucional, interinstitucional y sectorial para cumplir con los objetivos del programa. Este resultado se explica por la falta de asignación presupuestal, así como por las fallas en la articulación entre las entidades para el desarrollo del programa y diferencias en las priorizaciones para la ejecución del programa con respecto a la nueva oferta institucional. Además, la reducida capacidad operativa del PNIS y las fallas en el diseño de instrumentos para el monitoreo y la evaluación no permitieron cumplir con los objetivos y compromisos establecidos. La evaluación realizada comprende el período entre la firma del Decreto 896/2017 por medio del cual se crea el PNIS y diciembre de 2022.

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Lucas Marín, María Alejandra Vélez, Carolina Pinzón y Pablo Zuleta

La Política Nacional de Drogas (2023-2033) presentada por el Gobierno Nacional el 3 de octubre del 2023 en El Tambo (Cauca) propone una nueva narrativa frente a las sustancias psicoactivas en la que el Ejecutivo pretende tener un liderazgo internacional. Esta política se construyó con insumos de espacios participativos en zonas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, organizaciones de la sociedad civil y la academia.

En este documento identificamos avances, retos en la implementación y vacíos para cada uno de los capítulos de la Política de Drogas 2023-2033.

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Pisco, Ana Sofía; Suescún, Cecilia; Durán, Juanita; Weintraub, Michael

Este documento es una relatoria del evento desarrollado el 28 de junio de 2023, «Primer encuentro interseccional para el abordaje de las violencias basadas en género, desafíos y trasformaciones». Este evento contó entre los panelistas con la participación de jueces, fiscales, expertos forenses, académicos y organizaciones locales que trabajan por la protección de los derechos de las mujeres. Por su parte los asistentes incluyeron fiscales de todo el Valle del Cauca, jueces y organizaciones de mujeres. 

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Marín Llanes, Lucas; Ramos Torres, Beatriz Irene; Vélez Lesmes, María AlejandraA; Zuleta González, Pablo; Restrepo, David

La forma en la que se diseñe la regulación de este mercado será determinante en los resultados de la política de drogas del Gobierno Nacional. Este documento resume la evidencia disponible sobre la regulación en otros países y plantea los retos particulares que tiene la regulación del cannabis de uso adulto en el caso colombiano. Así mismo, propone los objetivos que debería tener la regulación del uso adulto del cannabis y las recomendaciones de política pública para acercarse al cumplimiento de esos objetivos. Además de emplear estudios previos que se han construido a partir de la experiencia en otros países, para identificar el funcionamiento actual de mercado y elaborar las recomendaciones, realizamos reuniones y entrevistas semiestructuradas con participantes actuales del mercado de cannabis de uso adulto y otros actores relevantes: pequeños productores del Norte del Cauca, miembros de grupos activistas cannábicos, miembros del gremio de cannabis medicinal y de otros sectores agrícolas, organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Coalición Acciones para el Cambio (APC), la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asociaciones de padres y funcionarios que han participado en los procesos de regulación en otros países.

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Marín, Lucas; Vélez, María Alejandra; Weintraub, Michael

El documento Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana. Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026 (PSDCC) presenta el diagnóstico de las condiciones de seguridad y violencia en el país, plantea el marco estratégico del Gobierno Nacional basado en la seguridad humana y desarrolla algunas recomendaciones para el cumplimiento de 4 objetivos específicos para este cuatrienio. El marco de la seguridad humana sitúa el desarrollo humano en su centro: al no proteger la integridad física de sus ciudadanos, muchos gobiernos les niegan indirectamente la capacidad de elegir y de perseguir una vida digna.

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