Control social de la producción de coca: lecciones del Trópico de Cochabamba (Bolivia) para Colombia

Beatríz Irene Ramos, Jean Paul Benavides, María Alejandra Vélez, Gilda Jauregui Investigadora y David Restrepo
24/1/2023

En el marco de la política prohibicionista global, el Estado Boliviano se ha destacado por desafiar la ortodoxia y revindicar políticas innovadoras en defensa de la hoja de coca y los derechos de la población cocalera. En particular, se resalta el Acuerdo cato que se firmó entre el Estado Boliviano y los cocaleros en el 2004 para asignar parcelas familiares legales de cultivo de coca y el sistema de control social para su monitoreo. A partir de información secundaria y de entrevistas realizadas en el Trópico de Cochabamba a miembros de sindicatos y otros actores relevantes, encontramos que los efectos principales de este sistema son la reducción de conflictos y enfrentamientos violentos, la disminución de las violaciones a Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública y la racionalización consensuada de los cultivos de coca. Aunque este sistema del control social de la coca se destaca por desviarse de las estrategias tradicionales de sustitución y erradicación, presenta algunas limitaciones frente a su alcance: se ha dado una escasa industrialización de la hoja de coca para el mercado alternativo, el control de la oferta de la hoja de coca ha sido moderado – aunque Bolivia ha sido el país que más estable ha mantenido el número de hectáreas en la región Andina – y algunas asociaciones campesinas se han visto afectadas por el número limitado de parcelas autorizadas de cultivo legal.

Sin embargo, la experiencia boliviana con el control social de la coca deja varias lecciones replicables para los países de la Región Andina porque ha trazado un camino hacia la descriminalización de las actividades productivas con la hoja. En este documento se elaboran lecciones para Colombia basadas en el sistema de control social para reducir el conflicto, promover la paz en los territorios cocaleros y, asimismo, generar legitimidad en la actividad cocalera. La política de drogas en Bolivia ha permitido la legalización de zonas de cultivo de coca y bien podría considerarse como un mecanismo de transición hacia la regulación de la economía de la coca.

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