Carolina Pinzón, María Alejandra Vélez, Michael Weintraub.

Este documento presenta un conjunto de recomendaciones dirigidas al nuevo Gobierno de Colombia para orientar la política de drogas bajo un enfoque basado en derechos humanos, evidencia científica y respeto por la soberanía nacional. Elaborado por una alianza de organizaciones académicas y de la sociedad civil, el texto propone una agenda que prioriza la transformación territorial de las regiones con cultivos de uso ilícito, el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria, la protección de los derechos de las comunidades rurales y étnicas, y la evaluación de los impactos de las estrategias de reducción de la oferta sobre la violencia y el desarrollo local. Asimismo, plantea fortalecer un enfoque de salud pública para abordar el consumo de sustancias psicoactivas, garantizando tratamientos voluntarios, basados en evidencia y respetuosos de los derechos fundamentales. En materia de política criminal, recomienda ampliar las alternativas al encarcelamiento, mejorar las condiciones del sistema penitenciario y adoptar criterios de proporcionalidad. El documento también aboga por avanzar en la regulación del cannabis para uso adulto, proteger los usos tradicionales de la hoja de coca, fortalecer la institucionalidad encargada de la política de drogas y mantener una política exterior basada en la cooperación internacional, el multilateralismo y la corresponsabilidad. En conjunto, las recomendaciones buscan promover una política de drogas integral que sustituya los enfoques exclusivamente represivos por estrategias orientadas al desarrollo, la salud pública, la justicia y la protección de los derechos humanos.

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Michael Weintraub, Santiago Tobón

La política de Paz Total creó beneficios jurídicos cuya continuidad dependía del gobierno que asumiera después de la elección presidencial de 2026. Estudiamos si la votación cambió especialmente en los territorios asociados con las facciones de la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), cuyos integrantes designados tenían vigentes suspensiones de órdenes de captura y protecciones frente a la extradición. Encontramos un giro adicional hacia Iván Cepeda de 4,6 puntos porcentuales en la primera vuelta y de 6,0 puntos en la segunda, frente a otros municipios de los mismos departamentos. No aparece un movimiento comparable en territorios asociados con otros grupos armados, al aplicar los mismos marcadores territoriales al periodo 2018–2022 ni en la elección legislativa de marzo de 2026. El diseño identifica un giro electoral asociado con la exposición de beneficios jurídicos, pero no permite determinar si obedeció a coerción, a las preferencias de las comunidades, a la evaluación de la negociación o a la movilización electoral. El resultado complementa un análisis previo de Weintraub (2026): la presencia armada, por sí sola, no predice un movimiento electoral común. El giro detectable se concentra donde estaban en juego beneficios jurídicos concretos.

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Michael Weintraub, Santiago Tobón

Peace negotiations reshape the electoral stakes of armed groups and their communities. Using polling-table returns and armed-presence maps, we study Colombia’s 2026 presidential election. Municipalities associated with factions negotiating under paz total, whose warrant and extradition protections depended on the continuity of the incumbent left, shifted five to six percentage points toward it. These municipalities showed no comparable shift in 2018–2022 or the 2026 congressional election. The left nonetheless lost by a 0.98-percent margin. The effects concentrate in Nariño, the factions’ stronghold, and municipalities where monitoring organizations reported compulsory-voting practices. Our design cannot disentangle pressure from support.

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Michael Weintraub

Colombia ha votado bajo la sombra de la violencia durante su historia democrática reciente. Entre 2018 y 2026 el país eligió presidente tres veces con actores armados activos en buena parte del territorio, del ELN a las disidencias de las FARC, y cada ciclo revivió la misma sospecha: que esos grupos moldean cómo, o si, vota la gente en las zonas donde operan.

La sospecha tiene una base histórica real: la parapolítica de la década de 2000 mostró que actores armados sí buscaron capturar resultados electorales en el pasado, y una acusación de este tipo tiene un peso político considerable: puede poner en duda la legitimidad de una elección entera.

Pero también existe una explicación más sencilla y menos alarmante: los municipios donde operan estos grupos comparten otros rasgos que por sí solos generan patrones de votación diferentes, sin que medie coerción alguna. Distinguir entre estas dos explicaciones exige algo más que observar dónde coinciden el riesgo armado y la votación atípica; exige una prueba causal. Este documento ofrece esa prueba, con datos de las tres elecciones presidenciales más recientes.

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Michael Weintraub

Este documento temático examina el potencial de la inteligencia artificial para abordar las crisis de seguridad pública y justicia criminal en América Latina, una región donde las tasas de homicidio superan hasta cuarenta veces las de Europa Occidental, la impunidad por delitos violentos excede el 90% y las poblaciones carcelarias se desbordan con detenidos preventivos sin condena. Frente al enfoque predominante centrado en los riesgos de la IA, el texto propone una agenda positiva que identifica cinco capacidades tecnológicas maduras y aplicables de inmediato — procesamiento de lenguaje y documentos, reconocimiento de patrones en datos estructurados, interfaces conversacionales, generación de código y automatización analítica, y sistemas agénticos— junto con dos desarrollos emergentes: el análisis multimodal y la reducción acelerada de costos. El documento prioriza cuatro aplicaciones concretas: la revisión asistida por IA de la detención preventiva, la rendición de cuentas legislativa y fiscal en política de seguridad, los sistemas de alerta temprana de violencia con asignación de recursos a lugares y momentos, y el análisis de redes criminales e investigación financiera. Sitúa esta agenda en el contexto de la crisis de legitimidad democrática en la región, argumentando que las instituciones democráticas equipadas con mejores herramientas pueden demostrar que la gobernanza respetuosa de los derechos y la seguridad efectiva no están en tensión fundamental. Concluye con una estrategia de implementación por fases para Colombia que combina prioridades nacionales en infraestructura de datos y gobernanza con pilotos municipales en Bogotá, Medellín y una tercera ciudad, junto con recomendaciones dirigidas al gobierno nacional, los gobiernos municipales y la comunidad académica.

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Carolina Hormizda Fonseca, Óscar Aponte Romero.

Este trabajo se realizó con el apoyo del Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (GPDPD), implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) por encargo del Ministerio Federal de Desarrollo y Cooperación Económica (BMZ), y tuvo procesos de diálogo e intercambio con funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC). Su contenido y recomendaciones son únicamente responsabilidad de los autores y reflejan exclusivamente sus posiciones.

Este documento presenta recomendaciones para el diseño e implementación de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) de Colombia, con énfasis en las áreas con presencia de cultivos de uso ilícito. A partir de una revisión teórica, normativa y de experiencias internacionales, el documento aborda cinco dimensiones clave: la pertinencia del instrumento mediante un árbol de decisión adaptado al contexto del SPNN; los criterios de focalización territorial y comunitaria; las estrategias de monitoreo y evaluación; la estimación del monto a pagar conforme al Decreto 1998 de 2023; y las modalidades de pago a beneficiarios. El análisis identifica la tensión entre el marco normativo vigente —que restringe la titularidad en áreas protegidas— y la necesidad de implementar incentivos para la conservación, y propone como vía habilitante los acuerdos de conservación con comunidades NARP, campesinas e indígenas. El documento concluye con trece recomendaciones generales orientadas a articular los PSA con estrategias de gobernanza territorial, restauración ecológica participativa y reducción de cultivos ilícitos, bajo un enfoque diferencial, comunitario y de largo plazo.

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