Michael Weintraub

Colombia ha votado bajo la sombra de la violencia durante su historia democrática reciente. Entre 2018 y 2026 el país eligió presidente tres veces con actores armados activos en buena parte del territorio, del ELN a las disidencias de las FARC, y cada ciclo revivió la misma sospecha: que esos grupos moldean cómo, o si, vota la gente en las zonas donde operan.

La sospecha tiene una base histórica real: la parapolítica de la década de 2000 mostró que actores armados sí buscaron capturar resultados electorales en el pasado, y una acusación de este tipo tiene un peso político considerable: puede poner en duda la legitimidad de una elección entera.

Pero también existe una explicación más sencilla y menos alarmante: los municipios donde operan estos grupos comparten otros rasgos que por sí solos generan patrones de votación diferentes, sin que medie coerción alguna. Distinguir entre estas dos explicaciones exige algo más que observar dónde coinciden el riesgo armado y la votación atípica; exige una prueba causal. Este documento ofrece esa prueba, con datos de las tres elecciones presidenciales más recientes.

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Michael Weintraub

Este documento temático examina el potencial de la inteligencia artificial para abordar las crisis de seguridad pública y justicia criminal en América Latina, una región donde las tasas de homicidio superan hasta cuarenta veces las de Europa Occidental, la impunidad por delitos violentos excede el 90% y las poblaciones carcelarias se desbordan con detenidos preventivos sin condena. Frente al enfoque predominante centrado en los riesgos de la IA, el texto propone una agenda positiva que identifica cinco capacidades tecnológicas maduras y aplicables de inmediato — procesamiento de lenguaje y documentos, reconocimiento de patrones en datos estructurados, interfaces conversacionales, generación de código y automatización analítica, y sistemas agénticos— junto con dos desarrollos emergentes: el análisis multimodal y la reducción acelerada de costos. El documento prioriza cuatro aplicaciones concretas: la revisión asistida por IA de la detención preventiva, la rendición de cuentas legislativa y fiscal en política de seguridad, los sistemas de alerta temprana de violencia con asignación de recursos a lugares y momentos, y el análisis de redes criminales e investigación financiera. Sitúa esta agenda en el contexto de la crisis de legitimidad democrática en la región, argumentando que las instituciones democráticas equipadas con mejores herramientas pueden demostrar que la gobernanza respetuosa de los derechos y la seguridad efectiva no están en tensión fundamental. Concluye con una estrategia de implementación por fases para Colombia que combina prioridades nacionales en infraestructura de datos y gobernanza con pilotos municipales en Bogotá, Medellín y una tercera ciudad, junto con recomendaciones dirigidas al gobierno nacional, los gobiernos municipales y la comunidad académica.

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Carolina Hormizda Fonseca, Óscar Aponte Romero.

Este trabajo se realizó con el apoyo del Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (GPDPD), implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) por encargo del Ministerio Federal de Desarrollo y Cooperación Económica (BMZ), y tuvo procesos de diálogo e intercambio con funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC). Su contenido y recomendaciones son únicamente responsabilidad de los autores y reflejan exclusivamente sus posiciones.

Este documento presenta recomendaciones para el diseño e implementación de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) de Colombia, con énfasis en las áreas con presencia de cultivos de uso ilícito. A partir de una revisión teórica, normativa y de experiencias internacionales, el documento aborda cinco dimensiones clave: la pertinencia del instrumento mediante un árbol de decisión adaptado al contexto del SPNN; los criterios de focalización territorial y comunitaria; las estrategias de monitoreo y evaluación; la estimación del monto a pagar conforme al Decreto 1998 de 2023; y las modalidades de pago a beneficiarios. El análisis identifica la tensión entre el marco normativo vigente —que restringe la titularidad en áreas protegidas— y la necesidad de implementar incentivos para la conservación, y propone como vía habilitante los acuerdos de conservación con comunidades NARP, campesinas e indígenas. El documento concluye con trece recomendaciones generales orientadas a articular los PSA con estrategias de gobernanza territorial, restauración ecológica participativa y reducción de cultivos ilícitos, bajo un enfoque diferencial, comunitario y de largo plazo.

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María Fernanda Blanco, Lucas Marín-Llanes, Beatriz Irene Ramos, María Alejandra Vélez.

En el marco del debate nacional sobre la regulación del cannabis recreativo de uso adulto en Colombia, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes diseñó e implementó una encuesta virtual dirigida a consumidores mayores de edad en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Con una muestra de 1.607 encuestados, el estudio caracteriza los perfiles sociodemográficos, los patrones de consumo, los precios pagados y la disposición a pagar en un eventual mercado regulado. Los hallazgos revelan un consumo predominantemente intensivo, con preferencia por métodos tradicionales y productos de potencia media o alta, y un abastecimiento mayoritariamente a través de canales ilegales e informales. Los consumidores encuestados valoran especialmente atributos como el aroma, el sabor, la facilidad de acceso y el origen del producto. Adicionalmente, una proporción amplia manifiesta disposición a pagar un precio superior en un mercado regulado, lo que sugiere una demanda potencialmente extensa para un mercado formal. Estos resultados aportan evidencia empírica para orientar el diseño de políticas públicas de regulación del cannabis de uso adulto en Colombia.

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Sofía Arango, Laura Ospina, Michael Weintraub

Este documento examina el papel de la cárcel en Colombia a partir de la teoría, la evidencia empírica y el marco institucional. Plantea la pregunta central —¿para qué sirve la cárcel?— y analiza los tres mecanismos que la justifican: disuasión, incapacitación y resocialización. La evidencia con identificación causal muestra que la severidad de las penas tiene retornos decrecientes, que la cárcel solo mejora la seguridad cuando se aplica a personas de alta peligrosidad, y que las condiciones del encierro son determinantes para evitar la reincidencia. El análisis del sistema penitenciario colombiano revela hacinamiento estructural, supervisión judicial permanente y débil coordinación institucional. La política de drogas emerge como un motor estructural del hacinamiento: los delitos de estupefacientes representan la principal fuente de ingresos al sistema judicial, con costos desproporcionados sobre personas de bajo perfil de riesgo. Aunque el CONPES 4157 de 2025 y la Ley 2446 de 2025 modernizan el discurso e introducen avances en posegreso y sistemas de información, persiste el énfasis en infraestructura sin atender los flujos de entrada al sistema. El documento propone reformas legislativas y acciones ejecutivas orientadas a aumentar la certeza del castigo, revisar la política sancionatoria en materia de drogas, racionalizar el uso de la prisión preventiva y fortalecer la reinserción, articuladas con mecanismos de evaluación independiente y gobernanza basada en datos.

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Mauricio Velásquez, General (RA) Alberto José Mejía Ferrero

Este documento de política propone un diseño en tres niveles para lograr presencia estatal sostenida en territorios rurales y subregionales críticos de Colombia. En estos lugares la economía ilegal de la coca converge con economías legales informales como minería y ganadería y produce órdenes que impactan la vida cotidiana de los ciudadanos. El objetivo operativo es recuperar soberanía local, es decir, capacidad efectiva del Estado para fijar reglas, proteger la movilidad, reducir la coerción cotidiana y garantizar acceso a justicia y bienes públicos. El diagnóstico ubica el deterioro en tres factores. Fragmentación institucional, porque cada entidad llega por su lado y sin continuidad. Precariedad territorial de la presencia estatal. Y ausencia de rutas predecibles de atención, porque la ciudadanía no sabe dónde, cuándo y cómo resolver. Este conjunto eleva costos y abre espacio a autoridades de facto. La propuesta integra tres componentes que operan como un solo sistema. Nivel 1, estrategia interagencial con mandato legal a través de una Ley Marco de Seguridad Nacional y Acción Interagencial que obliga concurrencia sectorial, define focalización y fija métricas comunes. Nivel 2, coordinación desde Presidencia con ciclos de decisión de 90 días y capacidad de destrabe sobre presupuesto, personal, logística y reglas operativas. Nivel 3, Centros de Seguridad y Desarrollo Local con núcleo fijo y proyección móvil programada, orientados a cierres verificables, reducción de costos de acceso y continuidad misional. El resultado esperado es una presencia predecible y sostenida.

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Samuel Quevedo, Rosario Queirolo & María Alejandra Vélez.

Los Clubes Sociales Cannábicos (CSC) [Cannabis Social Clubs] son organizaciones privadas en general sin ánimo de lucro, que consisten en grupos de adultos que se congregan en un espacio físico para realizar labores de cultivo, pedagogía, activismo, y comunidad alrededor del cannabis uso adulto y recreativo. Estos hacen parte de un fenómeno global de la regulación formal y de facto del cannabis. En décadas recientes se han popularizado en múltiples países de Europa, Norteamérica y América Latina, donde operan a lo largo de un espectro de legalidad con algunas instancias donde se han regulado y legalizado por completo a nivel nacional y otros donde operan en espacios grises de regulación. En Colombia los CSC han ganado prominencia en años recientes en un contexto de vacío regulatorio. La literatura ha documentado una amplia variedad en las formas de los Clubes en dimensiones como el número de miembros, los arreglos asociativos y de trabajo, el cultivo y el abastecimiento, la asociatividad entre clubes, máximos de dispensación, criterios de elegibilidad y requisitos para las sedes físicas, espacios de consumo, entre otros. Este documento resume los principales hallazgos de la literatura reciente sobre las principales características de los distintos modelos de CSC en el mundo, y en particular en el caso de Uruguay, y formula unos elementos clave para la discusión en una eventual regulación de estas organizaciones en Colombia.

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