El presente informe tiene como objetivo analizar la crítica situación del sistema penitenciario y carcelario colombiano, con énfasis en el impacto que ha tenido la pandemia generada por la covid-19 en la salud, la vida y la dignidad de la población privada de la libertad. Adicionalmente, se harán propuestas de política pública encaminadas no solo a conjurar la extraordinaria crisis generada por la pandemia, sino a superar los obstáculos estructurales que han hecho que el Estado colombiano no cumpla con su deber de garantizar y respetar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, especialmente los derechos a la salud, la vida y la dignidad humana.
En la siguiente parte se hará un diagnóstico del sistema penitenciario y carcelario colombiano antes de la llegada de la covid-19, en marzo de 2020. Posteriormente, se analizará de qué manera la pandemia afectó la capacidad del Estado para garantizar los derechos a la salud, la vida y la dignidad de las personas privadas de la libertad, en condiciones de por sí precarias.
A continuación se estudiará la idoneidad y eficacia de las medidas adoptadas por el Estado colombiano (principalmente en cabeza del gobierno nacional, el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec) para responder a la pandemia y garantizar los derechos de la población privada de la libertad, particularmente los derechos a la salud, la vida y la dignidad humana.
Luego se expondrán unas breves conclusiones del diagnóstico realizado; finalmente, en la última parte se plantearán propuestas de política pública, no solo para enfrentar la crisis actual generada por la pandemia, sino para resolver las carencias estructurales del sistema penitenciario y carcelario colombiano. En este ha imperado durante las últimas dos décadas un estado de cosas inconstitucional que configura una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de la población privada de la libertad, que es atribuible a la falta de acción del Estado colombiano y a una política criminal reactiva y punitiva, tal y como lo ha declarado en tres ocasiones la Corte Constitucional.
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