Drogas ilícitas en Colombia

Durante más de medio siglo, la política de drogas ha movilizado enormes recursos para reducir la producción, el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas. Sin embargo, los mercados ilegales han mostrado una gran capacidad de adaptación: cambio de rutas, aparición de nuevos actores y desplazamiento de la producción entre territorios. En los países productores, una parte importante de la política se ha concentrado en reducir los cultivos de suo ilícito. Sin embargo, las mayores rentas de esta cadena se generan en las últimas etapas del proceso, que incluyen el procesamiento, el transporte, la exportación, la distribución y el lavado de activos. Esto plantea una pregunta de política pública: cuánto debe intervenir el Estado y dónde puede hacerlo con mayores resultados y menores costos económicos y sociales.

Colombia es uno de los casos más claros de esta tensión. Durante décadas ha combinado aspersión aérea, erradicación manual, sustitución voluntaria, desarrollo alternativo e interdicción. Estas políticas han destruido grandes extensiones de cultivos de hoja de coca y afectado distintos componentes del narcotráfico, pero no han producido una reducción sostenida de la producción de la cocaína. Al mismo tiempo, estas acciones han tenido costos importantes: civiles, policías y militares han muerto o han resultado heridos en operaciones de erradicación, muchas intervenciones han deteriorado la confianza de las comunidades en el Estado, y se han documentado graves consecuencias sobre la salud y sobre el medio ambiente en los territorios intervenidos.

Este documento de política destaca tres problemas centrales: (i) la erradicación actúa sobre uno de los eslabones de menor valor y más fácilmente reemplazables de la cadena. (ii) las hectáreas erradicadas miden actividad estatal, pero no necesariamente los resultados de la política. (iii) la persistencia de los cultivos de uso ilícito responde a restricciones económicas y territoriales que la erradicación por sí sola no modifica.

Estas condiciones exigen que una política pública tenga distintos instrumentos y niveles de acción. La coerción debería concentrarse principalmente en los eslabones donde se acumulan mayores rentas y existen activos más difíciles de reemplazar, como laboratorios y corredores de transporte. En las zonas productoras, el objetivo debería ser reducir la dependencia de los hogares de las economías ilícitas mediante medidas de seguridad, infraestructura, acceso al crédito y otras alternativas que faciliten su vinculación con mercados legales.