El pasado 27 y 28 de enero se realizó el lanzamiento del nuevo “Drugs & Development Hub”, una iniciativa liderada por LSE International Drug Policy Unit, The Global Partnership on Drug Policies and Development y Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que reunió a expertos de Alemania, Inglaterra, Brasil, México, Irlanda, Jamaica, Colombia, Chile y Bolivia para ampliar el debate en política de drogas desde una perspectiva de desarrollo sostenible.

Durante este evento, la charla central estuvo a cargo de nuestra directora María Alejandra Vélez, quien compartió tres ideas para repensar la política de drogas en términos de política ambiental y organización comunitaria. Vélez, quien desde hace más 10 años ha trabajado junto a las comunidades del pacífico colombiano estudiando el impacto de la titulación colectiva, la deforestación y, más recientemente, la expansión de los cultivos de uso ilícito en los territorios colectivos, propone alternativas para la política de drogas.

Vélez invita a repensar este problema teniendo en cuenta que casi el 50% del territorio colombiano se encuentra bajo diferentes categorías de protección (parques nacionales naturales (PNN), resguardos indígenas y territorio colectivos de comunidades negras). En estos territorios, un enfoque tradicional es inviable.

A partir de tres ideas principales, comparte la necesidad de replantear la política de drogas y de tender puentes con nuevos actores.

1. Coca y Oro

En el caso del pacífico, la minería ha sido parte de la tradición cultural de las comunidades afro, pero en su mayoría es minería informal o ilegal. Por lo tanto, hay que repensar la política de drogas en relación con otras economías ilícitas e intervenir ambos mercados de manera conjunta.

Es necesario trabajar en la formalización de las cadenas de valor del oro como parte de la política de sustitución y como una manera de prevención a la expansión de los cultivos de uso ilícito.

2. Política ambiental y política de drogas

Necesitamos crear nuevos instrumentos para combatir la deforestación promovida por los cultivos de uso ilícito en los territorios estratégicos en términos ambientales. Uno de los enfoques planteados se basa en el Pago por Servicios Ambientales (PSA), un sistema que permite pagar a los proveedores de servicios ecosistémicos a partir de contratos voluntarios y condicionados a prácticas sostenibles.

3. Organización comunitaria y resistencia colectiva

Es necesario reconocer la resistencia de las comunidades que habitan estos territorios colectivos y las estrategias que han utilizado para evitar la expansión de los cultivos de uso ilícito en sus territorios. La política de drogas debe reconocer e invertir en este capital social.

Te invitamos a escuchar la intervención de María Alejandra Vélez completa aquí (20 minutos):